DE LA PRIVATIZACIÓN A LOS DERECHOS, POR UNA SEGURIDAD SOCIAL DIGNA

 

DECLARACIÓN PÚBLICA

 DE LA PRIVATIZACIÓN

A LOS DERECHOS

POR UNA SEGURIDAD SOCIAL DIGNA

Ante la decisión del Congreso Nacional, en cumplimiento de la Ley No.13-20, de iniciar el estudio y proceso de MODIFICACIÓN INTEGRAL de la Ley No.87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, las organizaciones y entidades firmantes declaran al país lo siguiente:

●       El estudio y discusión para modificar la Ley No. 87-01 tiene que partir de un diagnóstico serio y realista: LA PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL HA SIDO UN ÉXITO PARA LAS AFP Y ARS, PERO ES UN FRACASO PARA EL PAÍS, trayendo consigo la NEGACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS SOCIALES que están consagrados en nuestra Constitución. 

●       La Ley No. 87-01 instauró un sistema de CORRUPCIÓN LEGALIZADA para quitarle los derechos a la sociedad y convertir los recursos de la Seguridad Social en acumulación de ganancias para unos grupos de poder, con la complicidad y garantía del Estado. Esto lo ha sufrido la ciudadanía dominicana en carne propia cada día de los últimos 20 años. 

●       La violación de los DERECHOS FUNDAMENTALES y la ley de “SE SALVA QUIEN PAGA” se traducen en carencia de medicamentos, negación de coberturas y atenciones en salud, copagos ilegales, deudas impagables, catástrofes familiares. Una suma de angustia, enfermedad, muerte, hambre y sufrimiento, totalmente opuesta a lo que debe ser la verdadera Seguridad Social. 

●       La salud ha sido convertida en una mercancía. El sistema público ha sido empujado a la fragmentación y al deterioro, para que el lucro pueda imponerse en nombre de una falsa “libre competencia”. Nuestra población vive expuesta a la enfermedad y a la zozobra de tener un seguro o buscar el dinero para comprar la cura. Los profesionales y trabajadores de la salud reciben ingresos injustos y laboran en condiciones precarias. Todo esto ocurre mientras las ARS obtienen ganancias inmensas de forma parasitaria. 

●       La pandemia de Covid-19 ha puesto en evidencia la incompetencia de las ARS y que solo son un obstáculo para atender las necesidades de la ciudadanía, en su afán de hacer negocios negando servicios de salud. Por ello han logrado ganancias récord en 2020. El sistema no cubre las pruebas de Covid-19, ni los internamientos y medicamentos, ni las llamadas acciones de salud colectiva como vacunas, rastreo de contactos, educación para la salud y acciones de prevención masiva. Todo ha sido cargado al financiamiento público y a los recursos que generan los propios trabajadores y las empresas para que se les dé protección. Esta ley, en vez de proteger la salud de las personas, ampara las ganancias de las ARS y el Estado se encarga de que así sea. 

●       La negación de DERECHOS FUNDAMENTALES se traduce también en un sistema de pensiones que no cumple su papel fundamental, que debería ser la garantía de un ingreso cuando las personas lo necesiten. Es un sistema que enriquece a los grandes grupos financieros dueños de las AFP, mientras condena a la mayoría a sobrevivir con pensiones de miseria, que se proyectan como las peores de América Latina. 

●       Por si fuera poco, el actual sistema de seguridad social privatizado reproduce las desigualdades y exclusiones sociales y del mercado de trabajo. Las mujeres, los jóvenes y personas con discapacidad, que reciben menos salarios por el mismo trabajo, van a recibir igualmente menos beneficios. Son excluidos de la cobertura los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, los trabajadores informales, las trabajadoras domésticas y trabajadores del transporte, los migrantes, en fin, más de la mitad de la población económicamente activa está fuera de la seguridad social. De igual manera en un sistema que no cubre los servicios de cuidado y los transfiere a las familias y, de manera particular, a las mujeres. Asuntos fundamentales como el seguro de desempleo sigue siendo una quimera por el chantaje de los grandes empresarios, igual que siguen relegando a la caridad el ingreso de los hogares empobrecidos.  

●       En este sistema de negocios y corrupción legalizada, el Estado entregó sus funciones de garante de derechos para asumir las de defensor del negocio de las AFP, ARS y demás empresas de aseguramiento y servicios privados. El Estado viola la Constitución, incumple con los requerimientos de un verdadero sistema de salud integral, pensiones, protección social, e incumple con el 4% del PIB para la salud pública. La Ley No.87-01 le entrega las instituciones a los grandes poderes e intereses privados, que tienen poder de veto y modifican las normas constantemente como un traje a su medida. 

●       Para colmo, las AFP y ARS están a la ofensiva tratando de capturar los fondos de pensiones y seguros de salud que se libraron de caer en sus garras. Asimismo, siguen abusando de las personas privadas de sus fondos de pensiones por las arbitrariedades de la Ley en cuanto a la edad de retiro, o que esperan infructuosamente su pensión de discapacidad o sobrevivencia, o se les niega el seguro familiar de salud por razones inadmisibles.  

FRENTE A TODO ESTO 

1.    Anunciamos la constitución de la COALICIÓN POR LA SEGURIDAD SOCIAL DIGNA y llamamos a todo el país a unirse para lograr que la REPÚBLICA DOMINICANA CUENTE CON UN VERDADERO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, garante del derecho a la salud, las pensiones, la protección en el trabajo, los servicios básicos de cuidado y demás derechos sociales, con dignidad, calidad y humanidad. 

2.    EXIGIMOS LA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL Y ESTRUCTURAL DE ESTE SISTEMA FRACASADO: NO MÁS AFP Y NO MÁS ARS. Demandamos sustituir la dictadura de las ARS privadas por un verdadero seguro nacional de salud público, universal, coherente con la Constitución, que garantice a todas y a todos los medicamentos, las atenciones y los procedimientos de salud sin las zozobras de los planes básicos, las exclusiones, las preexistencias, faltas de cobertura y copagos ilegales. Asimismo, exigimos que las AFP sean reemplazadas por un sistema de pensiones de vocación pública, universal, transparente y solidario, cuya finalidad exclusiva sea garantizar a todas y todos pensiones dignas y suficientes, proteger los derechos de las personas, y contribuir al verdadero bienestar y desarrollo del país.  

3.    ES INDISPENSABLE LA MOVILIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y DE TODOS SUS SECTORES ORGANIZADOS, incluyendo la clase trabajadora, sindicatos, gremios, cooperativas, empresas, empleadores, empleados públicos, academias, organizaciones populares, campesinas, comunitarias y barriales de nuestro país. La modificación integral de la Ley No.87-01 no puede ser un parche ni una distracción para que todo lo importante siga igual, y los grupos de poder se sigan imponiendo a puertas cerradas. Por eso debemos lograr que sea un proceso realmente transparente y democrático, en el Congreso Nacional, en las instituciones, en las calles, en los medios de comunicación y en las redes sociales.  

4.    Reclamamos que el Estado haga realidad el 4% DEL PIB PARA LA SALUD PÚBLICA en el PRESUPUESTO GENERAL DE 2022, dirigido a la garantía efectiva de derechos, con un sistema de salud funcional, integral, de calidad, digno y universal. En ese mismo sentido, reclamamos que el Estado y específicamente el Ministerio de Salud recupere su rol de auténtico rector, que cesen la intervención privada, la captura y los privilegios de grupos en nuestras instituciones, y que la nueva Cámara de Cuentas realice una auditoría integral al Sistema Dominicano de Seguridad Social. 

5.    Nos solidarizamos con todas las organizaciones gremiales y sindicales y la defensa de sus conquistas en seguridad social obtenidas en años de lucha, como es el caso del gremio médico, magisterial, trabajadores de la construcción, docentes y trabajadores de la UASD, entre otros; conquistas que en lugar de ser atacadas deben ser preservadas de los afanes privatizadores de parte de las ARS y AFP.  Asimismo, nos solidarizamos con todas las luchas de trabajadores y profesionales de la salud por lograr ingresos justos y condiciones laborales dignas; con el derecho a la huelga y a la protesta; con la lucha de las personas afectadas en sus derechos, incluyendo los migrantes, y quienes reclaman el acceso a su pensión y a sus fondos como propietarios legítimos, y que sean reparados por los atropellos a que han sido sometidos por las condiciones abusivas que impone la Ley No.87-01 y demás normas del actual sistema.