Por qué el nuevo Código Penal no es el avance que nos prometen

 

En los callejones polvorientos de mi barrio, donde la vida se negocia entre la esperanza y la escasez, ya sabemos lo que es que las leyes se escriban desde arriba y sin nosotras. El recién promulgado Código Penal dominicano —ese que dicen “moderno” y “transformador”— no es la excepción. Por eso, desde los diversos colectivos, organizaciones progresistas, movimientos sociales y ciudadanos y ciudadanas preocupados por esta nación, estamos exigiendo que el presidente lo objete.

1. Tres causales: la deuda histórica que siguen negando

En un país donde una niña de 12 años puede ser obligada a parir el fruto de una violación, la negativa a incluir las tres causales es un acto de violencia de Estado. El nuevo código mantiene una prohibición total del aborto, poniendo la vida y dignidad de las mujeres y niñas en manos de dogmas y no de derechos. Esto no es neutralidad: es crueldad legalizada.

2. Criminaliza la protesta social

En los barrios sabemos que cuando la olla está vacía y el agua no llega, a veces no queda más que salir a la calle. Este Código Penal endurece penas por “obstrucción de la vía pública” y “alteración del orden”, categorías vagas que pueden usarse para criminalizar manifestaciones pacíficas. ¿A quién beneficia? A quienes quieren silencio, no justicia.

3. Lenguaje que borra identidades

No hay ni una sola mención clara que proteja a personas LGBTQ+ de crímenes de odio. El texto habla de “no discriminación”, pero sin nombrar realidades concretas, quedamos desprotegidas frente a violencias específicas. Lo que no se nombra, no existe en la práctica.

4. Impunidad maquillada

Aunque se habla de mano dura contra la corrupción, el diablo está en los detalles. Los plazos de prescripción, aunque más largos, siguen permitiendo que funcionarios se salven por tecnicismos. En barrios donde la corrupción nos roba hospitales, escuelas y luz, sabemos que “lucha contra la corrupción” sin castigos efectivos es pura propaganda.

5. Penas mínimas demasiado altas

Aumentar las penas mínimas para ciertos delitos puede sonar bien, pero en un sistema judicial desigual significa que personas pobres —muchas veces inocentes o culpables de delitos menores— podrían recibir castigos desproporcionados. La cárcel en este país es selectiva: entra la pobreza, sale más empobrecida.

No nos oponemos a modernizar la justicia; lo que rechazamos es que se haga ignorando nuestras luchas históricas, sin participación real, y con artículos que refuerzan un sistema desigual.

En mi barrio, la justicia no se mide por cuántos años más se pueda condenar a alguien, sino por cuánta vida digna podemos garantizar. Este código, tal como está, no lo hace.

Por eso pedimos la objeción. Porque el progreso no se decreta: se construye con la gente y para la gente.